Luis Vargas, abogado especializado en derecho de telecomunicaciones, indicó que el decreto 7588, publicado ayer en Gaceta Oficial, viola los artículos 34, 35, 37 y 39 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que establecen las competencias de Conatel y su organismo rector.
Un decreto no puede reemplazar una ley orgánica porque tiene menor jerarquía jurídica.
Vargas señala que también hay una violación de las competencias de la Vicepresidencia de la República, establecidas en el artículo 239 de la carta magna. "Entre ellas no está la rectoría de las telecomunicaciones", dijo. Por eso considera que habría una usurpación de funciones por parte de la Vicepresidencia.
Cree que el objetivo de la medida es "el control político de los medios". La consecuencia inmediata es que las medidas administrativas que están en curso en Conatel serán supervisadas ahora por la Vicepresidencia. "Entre ellas las revocatorias de concesión de radio o televisión que, en lugar de ser dirimidas ante el Ministerio de Infraestructura ahora tendrán que ir a la Vicepresidencia de la República", dijo.
En corto: si un canal o emisora quiere pelear una revocatoria de su concesión por parte de Conatel, tendrá que vérselas no con un ente técnico ¬como un ministerio¬ sino con la Vicepresidencia que, según el artículo 238 de la Constitución, es el "el órgano directo y colaborador inmediato del Presidente".
El politólogo Ricardo Sucre, de la Universidad Central de Venezuela, manifestó que la decisión "es una ofensiva de control de la información con vistas a las próximas elecciones". La consecuencia es que los procesos de Conatel "se harán más expeditos y sumarios".
Un antecedente es clave, recuerda: en las elecciones de gobernadores en noviembre de 2008 Conatel abrió un procedimiento contra Globovisión por presuntamente incurrir en el delito de "incitación a la alteración del orden público" y por adelantar los resultados electorales.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, dijo que esta es la tercera vez que Conatel es removida del ente que la tutela, lo cual revela falta de claridad del Gobierno sobre quién debe dirigirla. La argumentación de que las comunicaciones "son estratégicas" le pareció poco creíble.
"¿Es que ahora lo descubren? ¿Por qué será?", preguntó.
Cree más bien que el asunto parece indicar la existencia de un reacomodo institucional "con vistas a la toma de decisiones de importancia en momentos electorales y de descontento de los venezolanos con las políticas del Gobierno".

El Nacional